CUANDO LA IDEOLOGÍA VALE MÁS QUE UN CATAMARQUEÑO

Hay silencios que no son ingenuos. Son decisiones políticas. Y hay causas que, por omisión, revelan prioridades. El caso de la diputada nacional por Catamarca y ex gobernadora Dra. Lucía Corpacci vuelve a instalar una pregunta incómoda, pero absolutamente legítima:
¿a quién representa realmente cuando decide hablar… y cuando decide callar?

Mientras la legisladora ha elegido defender, justificar o relativizar al gobierno de Nicolás Maduro, un régimen señalado por organismos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos, no se le conoce una acción pública firme, sostenida y visible para exigir la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, catamarqueño, padre de familia, detenido en Venezuela desde hace más de un año.

No se trata de una interpretación maliciosa. Se trata de una ausencia verificable.

Derechos humanos selectivos

Resulta llamativo —y para muchos, inadmisible— que una dirigente que invoca el derecho internacional, la legalidad y la defensa de los derechos humanos no haya hecho de Nahuel Gallo una causa propia, ni siquiera una bandera mínima.
No hubo discursos encendidos.
No hubo pedidos urgentes.
No hubo interpelaciones públicas de peso.

En cambio, sí hubo pronunciamientos políticos en defensa de figuras condenadas por corrupción y gestos de respaldo a gobiernos extranjeros ampliamente cuestionados. El contraste no puede pasar desapercibido.

La pregunta, entonces, es inevitable:
¿por qué hay tanta energía política para defender dirigentes poderosos y tan poca para defender a un gendarme detenido sin garantías?

Un catamarqueño que no entra en el relato

Nahuel Gallo no es un dirigente. No es un empresario. No es un actor del poder. Es un trabajador del Estado, un padre, un ciudadano argentino nacido en la misma provincia que la diputada Corpacci dice representar.

Su familia lo viene diciendo con claridad y dolor: no se sienten acompañados. No piden milagros diplomáticos, piden gestos políticos. Piden que alguien con peso institucional levante la voz. Piden que el discurso de los derechos humanos no sea solo retórico.

Hasta ahora, esa respuesta no llegó.

Defender dictaduras, ignorar víctimas

El respaldo político al régimen de Maduro no es una anécdota aislada. Forma parte de una línea histórica de alineamientos internacionales que hoy vuelven a quedar bajo la lupa. Venezuela no es un país cualquiera: es señalado por detenciones arbitrarias, persecución política y ausencia de debido proceso.

En ese contexto, el silencio frente a la detención de un argentino en ese país no es neutral. Es una toma de posición. Y toda toma de posición tiene consecuencias políticas y morales.

Más aún cuando, desde el mismo espacio político, se exige respeto por la legalidad internacional mientras se relativizan los atropellos cometidos por gobiernos ideológicamente afines.

La crítica que incomoda

Las declaraciones del diputado nacional Adrián Brizuela no hicieron más que poner en palabras lo que muchos piensan en voz baja: que existe un doble estándar peligroso, donde la ley y los derechos se invocan según la conveniencia política del momento.

Se podrá discutir el tono, pero no el fondo: no hay autoridad moral para hablar de legalidad cuando se mira para otro lado ante una injusticia concreta que afecta a un ciudadano propio.

Representar no es elegir a quién defender

Lucía Corpacci ocupó los cargos más altos de la provincia y hoy integra el Congreso de la Nación. Esa trayectoria implica responsabilidades. Entre ellas, defender a los catamarqueños, incluso —y sobre todo— cuando no encajan en el relato ideológico.

Porque los derechos humanos no son patrimonio de ningún partido.
Porque la coherencia no se negocia.
Y porque cuando un argentino está detenido en el exterior, el silencio no es prudencia: es abandono.

Todavía hay tiempo de rectificar. Pero cada día que pasa sin un gesto claro, el mensaje se vuelve más contundente que cualquier discurso:
para algunos, la ideología parece pesar más que la vida y la libertad de un catamarqueño.