EMERGE EL DESPILFARRO

Con el cambio de mando que se produjo en algunos municipios de la provincia, comienzan a emerger evidencias de una imprudencia administrativa, por decir lo menos, de los intendentes salientes, que legan a sus sucesores situaciones económicas y financieras cuya resolución será más compleja en el contexto de la fuerte restricción del gasto público que bajará desde la Nación conforme a los anuncios realizados por el presidente Javier Milei.

Las denuncias de las administraciones municipales debutantes por los desmadres de sus antecesores son un clásico.

En los peores casos degeneran en conflictos laborales por los planteos que designados o recategorizados de última hora elevan a la Justicia cuando los intendentes recién asumidos revierten las decisiones de quienes les dejan el presente griego de los planteles sobredimensionados y las cajas secas. La mayoría de las veces, el Gobierno provincial presta auxilio para ir ordenando las cuentas.

El contexto en esta oportunidad es muy diferente. Un síntoma es que el tradicional aporte extra que el Gobierno hace a los intendentes para que solventen el aguinaldo de diciembre se hará en forma de préstamo y no de contribución no reembolsable como era uso y costumbre.

En este marco, el intendente de Fiambalá Raúl Úsqueda adoptó para su asunción el formato Milei y denunció que hereda de Roxana Paulón una deuda de $400 millones y una planta de becados desmesurada.

"Lamento ser yo quien les informa pero la sinceridad con la que trabajo no me deja mentirles: la casa no está en orden", dijo Úsqueda, quien pidió tiempo y colaboración para acomodar cargas.

Úsqueda no se explayó sobre la composición de la deuda, pero es alta si se considera el tamaño de Fiambalá y el respaldo que esta comuna recibió del Gobierno provincial durante las gestiones de Paulón.

En Saujíl, la primera medida que tomó el nuevo intendente Enzo Carrizo fue declarar la emergencia económica y financiera por seis meses, debido que la gestión de Lucas Carrazana dejó compromisos que afectan “todos los fondos operativos disponibles” y pone “en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios básicos”.

"La situación económica financiera del municipio se encuentra comprometida por la deuda heredada del ejercicio 2019 - 2023, superando los cien millones de pesos ($100.000.000,00)", explicó la flamante gestión Carrizo.

"Se encuentra comprometida la coparticipación municipal en un 100% debido a las designaciones masivas de nuevos empleados durante los últimos 5 meses", añadió.

El santarroseño Elpidio Guaraz, derrotado en el intento de acceder a su quinto mandato, no podía estar ausente. Su némesis y sucesor, Mario Páez, dijo al asumir que recibe un municipio “arrasado, devastado, casi en estado terminal”. Prometió una auditoría sobre la gestión de Guaraz para, en base a los resultados, hacer las denuncias que correspondan ante la Justicia.

Elpidio le heredó a Páez, además, un incremento salarial para los municipales santarroseños del 40% a partir de noviembre.

Si bien los casos descriptos se inscriben en una larga tradición, reflejan cómo se profundizó la distorsión de los criterios administrativos debido a la abundancia de fondos que la Provincia bajaba a las comunas.

Intendentes apoltronados durante varios mandatos terminaron disponiendo del erario como si fuera propio, sin establecer prioridades de inversión, tomando deudas sin considerar las condiciones para pagarlas, en la seguridad de que en última instancia el Tesoro provincial acudiría a solventarles cualquier ocurrencia.

Ahora se cortó el chorro. Y la inminencia del ajuste expone el despilfarro.

 

Fuente: www.elancasti.com.ar