64% FLOJO DE PAPELES

El Tribunal de Cuentas ordenó la instrucción de un sumario de responsabilidad administrativa contra la ex intendenta de Fiambalá Roxana Paulón y dos de sus funcionarios por no haber rendido cuentas sobre nada menos que cuatro años y medio de gestión, entre el segundo semestre de 2018 y diciembre de 2022.

Si se considera que Paulón estuvo al frente de la municipalidad de Fiambalá desde diciembre de 2015, si no es un récord pega en el palo: de los 14 semestres entre su acceso a la lapicera y 2022, solo rindió cinco. Dos años y medio de siete: el 64% de su administración está en el aire. Falta 2023, pero es probable que el TC no haya llegado aún a abordar el análisis del período.

La resolución del TC, del 5 de julio pasado, concierne a Paulón, su secretaria de Administración y Finanzas, Maira Yohana Páez, y su tesorero, Claudio Nicolás Tapia.

Los tres fueron emplazados a presentar las rendiciones de cuentas a fines de 2023, cuando Paulón ya había perdido la reelección. No cumplieron, de modo que procede el sumario para determinar “las causales de la falta de presentación de las rendiciones de cuentas emplazadas, las responsabilidades de los funcionarios y/o agentes intervinientes y el daño ocasionado a la Hacienda pública si lo hubiere”.

Es importante que el TC llegue al fondo de la investigación, porque el eventual daño a la Hacienda pública podría involucrar las millonadas que el Gobierno destinó a Fiambalá durante la gestión de Paulón, finalmente infructuosas para lograr su continuidad. También recibió suculentas contribuciones de la litífera china Zijin, que tiene la concesión del proyecto Tres Quebradas en el distrito.

En ese lapso emergen como hitos de la irracionalidad administrativa hechos como la apertura de la mostera y bodega “La Indómita”, que el intendente Raúl Úsqueda encontró prácticamente desmantelada, y un frigorífico multiespecie del que no han vuelto a tenerse novedades desde que se lo anunció a mediados de 2022.

También se superpone al período flojo de papeles de la exintendenta, actualmente beneficiaria de un punto índice privilegiado en la órbita del Poder Ejecutivo, la etapa gloriosa de Adhemar Capital y Edgar Bacchiani, cuyo criptoimperio recién comenzó a desplomarse a fines de 2021.

En 2023, en una de sus indagatorias, el “Trader God” denunció que Paulón intentó extorsionarlo.

Esta revelación fue la base de un pedido de interpelación la todavía intendenta en octubre de ese año, en las postrimerías de su mandato. Los concejales que lo plantearon recordaron que el abogado Carlos Correa, también sindicado como chantajista por Bacchiani hasta el día de la fecha, cumplía funciones como asesor del municipio Fiambalense.

La arremetida de los concejales, en plena transición, obedecía a los fuertes rumores, nunca comprobados, de que había intendentes que habían colocado fondos públicos en la pirámide de Bacchiani.

Más allá de eso, el caso Paulón expone las enormes lagunas que persisten en los controles administrativos sobre las administraciones municipales. Parece inaudito que una gestión pueda pasarse tres años y medio sin cumplir con la formalidad de las rendiciones de cuentas.

Sin embargo, debe considerarse que, al margen de que los recursos del organismo pueden ser insuficientes para una fiscalización más exhaustiva, Paulón contaba con una sólida protección política que seguramente habrá contribuido a la tolerancia hacia sus transgresiones formales.

El TC tiene ahora la posibilidad de reivindicarse con un proceso rápido y expuesto a la opinión pública.

Menuda tarea la de Paulón y sus colaboradores.

Deben reunir la documentación para justificar los gastos de 9 semestres desde 2018. Son 54 meses, 216 semanas, más de 1.600 días. Aparte de contador y abogado, tendrían que contratar a Indiana Jones.

Fuente: www.elancasti.com.ar